No violencia: Prevención y respuesta

A pesar de los avances normativos e institucionales, la violencia de género constituye una problemática persistente en las instituciones de educación superior en el Perú y el mundo. Adopta múltiples formas, entre ellas el hostigamiento sexual, el acoso, la violencia psicológica, violencia simbólica, violencia facilitada por tecnologías digitales, entre otras. Aunque es una problemática que puede afectar a todas las personas, afecta desproporcionadamente a mujeres y personas LGBTIQ+, impactando sus trayectorias educativas y laborales, así como su bienestar integral.

¿Por qué ocurre esto?

  • Cultura patriarcal que reproduce jerarquías de género. Las universidades no están aisladas del contexto social: reproducen desigualdades históricas de género y creencias que refuerzan jerarquías y relaciones de poder. 1 2
  • Tolerancia y normalización de la violencia. Conductas violentas suelen minimizarse o justificarse como parte de la convivencia universitaria, lo que dificulta su identificación, reporte y sanción. 3 4
  • Falta de políticas efectivas para la prevención. La ausencia de políticas preventivas sostenidas, como programas de sensibilización o la incorporación del enfoque de género en la formación, limita el cambio de creencias y prácticas sexistas, que sostienen la violencia de género. 5
  • Mecanismos de respuesta inadecuados o insuficientes. Protocolos lentos o poco efectivos generan desconfianza y desalientan el reporte y la denuncia. La falta de acompañamiento o procesos de respuesta revictimizantes constituyen una forma de violencia institucional. 6 7

¿Qué hacer? 

La evidencia muestra que las universidades logran reducir la violencia de género cuando implementan estrategias integrales y sostenidas, que combinan formación, políticas claras, sistemas de respuesta confiables y acciones orientadas al cambio cultural.

  • Formación continua para la prevención: Programas de capacitación sobre violencia de género y consentimiento, diseñados como procesos continuos, y no solo como intervenciones aisladas, contribuyen a mejorar el reconocimiento de la violencia y a modificar actitudes y prácticas dentro de la comunidad universitaria. 8 9
  • Programas de testigos activos (bystanders): Iniciativas que entrenan a estudiantes, docentes y personal para identificar situaciones de riesgo, intervenir de manera segura y apoyar a las personas afectadas han mostrado efectos positivos en la reducción de la perpetración y el aumento de conductas de cuidado colectivo. 10 11 12
  • Políticas institucionales claras y accesibles: Marcos normativos integrales, con definiciones amplias de violencia, enfoque de género e interseccional, y procedimientos claros de prevención y sanción fortalecen la confianza institucional y reducen la tolerancia a la violencia. 13 14
  • Sistemas de denuncia confiables y efectivos: Canales de denuncia confidenciales, tiempos razonables de respuesta, transparencia en los procesos y sanciones proporcionales son claves para romper la cultura del silencio y la impunidad. 15 16
  • Apoyo integral a las personas afectadas: Servicios de acompañamiento psicológico, legal y académico, sensibles a la diversidad cultural y sexual, reducen los costos de denunciar y contribuyen a la recuperación y permanencia en la vida universitaria. 17
  • Participación estudiantil y trabajo cultural sostenido: La articulación con organizaciones estudiantiles, redes feministas, campañas comunicacionales y expresiones artísticas fortalece el cambio cultural y amplía el alcance de las acciones institucionales. 18 19
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